FOTO del Gobierno de Guatemala, utilizada bajo licencia Creative Commons.
Mucho se ha hablado ya sobre los programas de “Cohesión Social” dirigidos por Sandra Torres, esposa del Presidente Álvaro Colom.
Prácticamente nadie que tenga un poco de consciencia sobre la realidad nacional y en cuyo corazón exista amor por el prójimo, se atrevería a criticar programas como “Mi Familia Progresa” o la famosa “Bolsa Solidaria“.
Sin embargo la pareja presidencial poco ha hecho para calmar las aguas en relación a la falta de transparencia existente en dichos programas con el fin de ser fiscalizados, conocer a los beneficiados y asegurar que no existe ningún trasfondo político o peor aun, desvíos de fondos hacia bolsillos de algunos particulares. En resumen, según lo publicaba el vespertino La Hora en su edición de ayer 27 de octubre del 2009, ni siquiera la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) tiene acceso a la información. La Contraloría General de Cuentas tampoco ha sido capaz de obtener información sobre cómo se han utilizado unos Q1,500 millones (más de US$ 180 millones) por lo que hoy en Prensa Libre se publica el interés del Contralor General de iniciar acciones legales para asegurarle a la población transparencia en la forma en que el dinero de los guatemaltecos se gasta e invierte… o se roba y malgasta si así se concluye.
FOTO del Gobierno de Guatemala, utilizada bajo licencia Creative Commons.
Las interrogantes que surgen, como siempre, son muchas: ¿Son los programas de Cohesión Social una simple plataforma política para impulsar a Sandra Torres como candidata presidencial en las próximas elecciones?, ¿Deben continuar estos programas sin ninguna fiscalización con el fin de proteger la identidad de quienes reciben los beneficios económicos?, ¿El pueblo de Guatemala tiene derecho de saber en qué y cómo se gasta el dinero que aporta al Estado a través de impuestos?