En días recientes se han vivido momentos difíciles en comunidades de nuestro país que se oponen a la explotación minera.
Por un lado, los habitantes de los lugares cercanos (y tal vez otros grupos que agitan a las masas manifestando violentamente y armados) luchan fuertemente por defender su patrimonio natural aduciendo que lo que se pretende hacer es acabar con “la única riqueza” que los pobladores afirman tener: su tierra.
Por otro lado, el gobierno, inversionistas extranjeros y nacionales junto con propulsores del desarrollo de los pueblos más paupérrimos de nuestro país, promueven este tipo de proyectos que según afirman, generarán mucho empleo bien remunerado y por lo tanto, desarrollo económico en las comunidades.
Según algunos acuerdos internacionales sobre la explotación minera (acuerdos que Guatemala firmó durante el gobierno de �?lvaro Arzú), es necesario consultarle a la población si está de acuerdo con la explotación de los recursos aledaños a sus comunidades. Sobre ese tema, el presidente Berger ha aceptado que se lleve a cabo dicha práctica “democrática” con la salvedad de que no se manipule de ningún modo a la población.